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¿Tienen que pagar los islandeses?

08/02/2010 - Greinasafn
¿Tienen que pagar los islandeses?

cinqodias

Tras el colapso absoluto del sistema bancario islandés en octubre de 2008 se ha producido una situación interesante y única en las relaciones entre los respectivos gobiernos de Islandia, de una parte, y Reino Unido y Holanda de otra.  Estos últimos mantienen que el Estado Islandés tiene obligaciones de garantía sobre las cuentas de depósitos constituidas a través de la banca de internet del ya quebrado Landsbanki en los dos países, los depósitos Icesave.  Al producirse la quiebra del banco, los gobiernos británico y holandés decidieron unilateralmente compensarles a los depositarios de sus países la pérdida de sus ahorros.  Ahora exigen que Islandia les restituya el dinero en su totalidad.  A través del llamado acuerdo Icesave, el gobierno islandés aceptó las exigencias de Inglaterra y Holanda aunque sujeto a la aprobación del parlamento del país de tales obligaciones financieras.  En este sentido, el verano pasado el parlamento aprobó una ley que reconoce una garantía estatal de préstamos concedidos por Reino Unido y Holanda.  No obstante, de acuerdo con dicha ley la garantía estatal está condicionada por ciertos requisitos tales como el crecimiento económico futuro de Islandia y el periodo de vigencia del acuerdo.

Los gobiernos británico y holandés no han aceptado estos condicionantes y, siguiendo sus exigencias, el parlamento islandés modificó el pasado 30 de diciembre la ley, abandonando la mayoría de sus pretensiones y aceptando conceder una garantía del Estado Islandés muy amplia y que puede llegar incluso a suponer una deuda con Inglaterra y Holanda de 3.500 millones de euros por un tiempo ilimitado.  Esta magnitud equivale a la mitad del PIB anual islandés y supone una carga de aproximadamente 11 mil euros por habitante del pequeño país.  ¿Aceptarían los ciudadanos de otros países europeos asumir una carga semejante derivada de la actividad de una empresa privada sin que hubiese demostrada una clara base jurídica o un dictamen del sistema judicial que aclarase las obligaciones reales?

Siguiendo la petición escrita de una cuarta parte del pueblo islandés, el presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson, tomó esta semana la decisión de no confirmar esta nueva ley sobre la amplia garantía estatal de depósitos Icesave.  De acuerdo con la Constitución Islandesa ahora se producirá un referéndum nacional sobre la entrada en vigor de la ley.  Es importante que en este referéndum los islandeses voten en contra de la aplicación de la ley y que el conflicto Icesave vuelva a su punto inicial.  Es necesario aclarar la cuestión de los 3.500 millones de euros. ¿Están los islandeses obligados a reponer los depósitos Icesave de Landsbanki en Inglaterra y Holanda?

En Islandia, al igual que en otros países europeos, hay establecido un Fondo de Garantía para inversores y ahorradores de acuerdo con la directiva de la Unión Europea 94/19 de 30 de mayo de 1994 que regula el sistema de garantía de depósitos.  En Islandia se financia dicho fondo a través de contribuciones periódicas de las entidades financieras.  El fondo es una institución independiente y, de acuerdo con la redacción de la directiva europea, su objetivo es cubrir los problemas financieros puntuales de las entidades pero no pretende hacer frente a un sistémico colapso total de los mercados financieros como se produjo en Islandia. Tanto Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, como Wouter Bos, Ministro de Finanzas holandés, han confirmado públicamente que los reglamentos de Fondos de Garantía no están diseñados para tal fin.

Los islandeses siempre han mantenido que el país hará frente a todas las obligaciones que le sean de aplicación según el reglamento del EEE (Espacio Económico Europeo) al cual pertenece Islandia.  De acuerdo con las leyes europeas, dichas obligaciones están limitadas a los recursos que haya disponibles en el Fondo de Garantía.  No se contempla ni garantía adicional estatal ni que se produzca intervención del Estado en un momento posterior.  De hecho, semejante intervención iría en contra de la premisa de derecho europeo que prohíbe garantías estatales sobre actividad empresarial privada.  El Fondo de Garantía islandés se ha visto completamente vaciado.  Los contribuyentes islandeses no tienen obligación ninguna de dotarlo de nuevos recursos para compensar a los gobiernos británico y holandés.

Finalmente, no se debe olvidar que el colapso del sistema financiero islandés se debe en parte al trato injusto recibido del gobierno británico que clasificó las entidades financieras y el propio Estado Islandés en su lista oficial de asociaciones y naciones terroristas, junto con Al-Qaeda, poco antes del colapso.  Mediante esta absurda y abusiva aplicación de una ley antiterrorista el gobierno británico bloqueó todos los fondos de bancos islandeses en el Reino Unido.  Esto supuso un acto sin precedentes por parte de una gran potencia contra un pequeño país democrático que además fue cofundador, junto con Inglaterra, de la OTAN hace 60 años.

El error cometido por el gobierno islandés tras el colapso fue acceder a negociaciones sobre la llamada deuda Icesave sin antes obtener una conclusión judicial sobre el hecho de si el Estado Islandés realmente es responsable de las pérdidas de depósitos en un banco privado en Inglaterra y Holanda.  Tanto ingleses como holandeses se han mostrado desde el inicio contrarios a presentar el caso en los tribunales pertinentes.  ¿Por qué será?

La autora es abogada, presidenta es de la Cámara de comercio hispano-islandesa y miembro alterno del parlamento islandés, Althingi. Este artículo fue publicado en Cinco Días el 8 de febrero 2010.